El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial.

Como abogados velamos indeclinablemente por el cumplimiento y resguardo de todos los derechos contenidos tanto en Tratados Internacionales como en las normas Nacionales y/o Provinciales. Es por ello que exhortamos se lleve adelante una investigación integral que esclarezcan los hechos ocurridos y los responsables, respetándose la perspectiva del género y el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente (Derecho a la información y libertad de expresión), siempre velando por los principios republicanos de Gobierno.

Por lo que exhortamos en particular al Poder Judicial de la Pcia. de Misiones, que investigue de oficio, todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso, defendiendo especialmente los principios y derechos señalados, como así también a los restantes funcionarios de los otros poderes que cumplan con la responsabilidad asignada a través del voto por el pueblo misionero, adoptando las previsiones pertinentes para evitar que sigan ocurriendo casos como estos y denunciando ante la Justicia.

Asimismo, advertimos que nuevamente nos encontramos con hechos y manifestaciones que, de verificarse, demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo a su dignidad, en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, lo que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento.

Una vez más queda al descubierto que la perspectiva de género, su aplicación y capacitación a través de los plexos normativos de nuestro país y receptuados por esta provincia, no se cumplen y se actúa con notoria impunidad de modo contrario por quienes tienen el deber de ser ejemplo en el respeto y cuidado de los sectores más vulnerables. Para cumplir con este mandato de llevar a la práctica el verdadero respeto hacia la mujer misionera que trabaja o presta servicios en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial es preciso el cumplimiento obligatorio de la normativa de la ley Micaela.

Los actos de corrupción dentro del Estado provocan desconfianza de la ciudadanía respecto de todas las instituciones públicas, más aún cuando no se actúa en el marco de la ley, atentando contra el sistema democrático como lo señala el art. 36 de la Constitución Nacional, de allí la importancia de no callar y de actuar con premura para poder volver a restituirnos la confianza que nos debemos como sociedad.

Comisión Directiva CAM