XVII Congreso Nacional de Abogados – Conclusiones Comisión III

XVI Conferencia Nacional de Abogados.

TECNOLOGÍA JUSTICIA Y DERECHO

POSADAS 13 al 15 de agosto de 2014.

 

CONCLUSIONES Comisión III

FEDERALISMO DEMOCRACIA E INTEGRACIÓN

 

TEMAS:

Democracia y Tecnología. Balance de los 30 años de democracia.

Estructura Política. E-Goverment. Nuevas formas de relación ciudadano – representantes.

Voto electrónico.

Participación ciudadana en el control y monitoreo de los actos de gobierno.

El derecho de acceso a la información pública.

Las redes sociales y una nueva forma de Convocatorias y protestas.

Expediente administrativo digital.

Federalismo y Concentración de Recursos.

Autonomía Jurídica y dependencia económica de las Provincias.

Sistema constitucional.

La circulación de personas, bienes y servicios.

Los tratados de integración MERCOSUR y UNASUR.

La armonización legislativa. Mercosur: La cláusula democrática y las legislaciones nacionales: El caso Paraguay.

 

AUTORIDADES

 PRESIDENCIA
DRES.
GABRIELA INÉS TOZZINI
HUMBERTO GRANADA NOTARIO

SECRETARIO ACADÉMICO
DR.
JAVIER PANERO

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN LOCAL

SECRETARÍA
DRA. LILIAN ROKO

 

PONENTES

 Brito, Víctor Rubén

De la Arena, Jerónimo

Lenguaza, Pablo Isaac

Leyton, Emiliano

Raduan, Alejandrina Belén

Restom, María Victoria

Santos, Luis María

Santos, Mónica Gladys

Spina, María Laura

Tozzini, Gabriela Inés

Violini, Eduardo Jorge

Zimmermann, Eduardo Carlos Pablo

 

MODALIDAD DE TRABAJO

 

La presente Comisión se constituyó con sus autoridades y la presencia de nutridos participantes. El debate del amplio temario, se llevó a cabo conforme el reglamento y fue con cordialidad dando participación a los integrantes a partir del tratamiento de las ponencias presentadas y la defensa que de ellas practicaron los ponentes.

Por cuestiones de orden y método se expusieron las ponencias por orden de ingreso. El Dr. Víctor Rubén Brito, bajo el título de “Teoría del Ab Iuris”; la Dra. Maria Victoria Restom se refirió a: “El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Análisis de un caso judicial en los Tribunales de Familia de la Provincia de Salta”. A continuación el Dr. Eduardo Carlos Pablo Zimmermann expuso acerca de “Voto Electrónico”. Por su parte el Dr. Pablo Isaac Lenguaza, sobre: “Las redes sociales y una nueva forma de convocatoria y de protesta” trabajo hecho en conjunto con Mónica Gladys Santos. Relacionada con la temática anteriormente expuesta expuso la Dra. Maria Paz Bertero abordó acerca de: “Rede sociales: nuevas formas de convocatoria y protestas”. Seguidamente expuso acerca del tema el Derecho de acceso a la información pública, la Dra. María Laura Spina, quien se refirió a “Acceso a la información para la evaluación de la gestión legislativa”. Continúo con la exposición la Dra. Alejandrina Raduan acerca de: “El expediente digital ante los Organismos Fiscales. El caso de la “FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA” por parte de AFIP”, trabajo elaborado en conjunto de la Dra. Gabriela Inés Tozzini. Por su parte, el Dr. Eduardo Jorge Violini abordó la temática bajo el acápite: “Los abogados frente al dictado de la ley 26.800”. A continuación expusieron los Dres. Jerónimo de la Arena y Emiliano Leyton sobre “Prescripción de créditos tributario provinciales. Un paso adelante para la autonomía fiscal”. Y en último lugar, expuso el Dr. Luis Maria Santos en punto a: “Los (des) controles del controlador”. Durante el debate tomaron una activa participación los miembros de la Comisión presentes con fundadas intervenciones que enriquecieron los temas tratados.

 

CONCLUSIONES

Se pretende que a través de este debate tenga presencia en la sociedad toda el rol de la abogacía frente a la realidad social siempre en procura del bienestar general, la constitucionalidad y el estado de derecho. Es a partir de la labor institucional de la abogacía y de cada abogado en particular, que se advierten los requerimientos de la sociedad y contribuye a afianzar las instituciones democráticas que permitieron el desarrollo de la republica.

En este sentido la Abogacía luego del debate profundo de los temas indicados por unanimidad, concluye y recomienda:

 

1)Se advierte que en los últimos tiempos se han implementado mecanismos de procedimientos administrativos “digitalizados” o vía web. En especial frente a los Organismos Fiscales tanto nacionales como provinciales y también en sede de la Comisión Arbitral. En los hechos y con la normativa aplicable suelen apartarse del procedimiento reglado en la ley y conculcar garantías reconocidas. Ello implica un retroceso frente a los derechos y garantías de los ciudadanos en el caso contribuyentes puesto que con dicha excusa no respetan el procedimiento reglado. Este tipo de procedimiento “electrónico” disuade la defensa y la intervención oportuna del abogado en resguardo de los derechos del contribuyente. Se recomienda la intervención de la Abogacía para evitar el avance de estos procedimientos “electrónicos” apartados de la ley que disuaden el acceso a la justicia de manera de impedir la imposición de penas sin ley y sin defensa jurídica previa.

 

2)Se sugiere la inmediata discusión e implementación de un verdadero sistema de coordinación tributaria efectivamente federal; que respete las autonomías de las Provincias y de los Municipios conforme la CN. Deben terminarse con las asignaciones o transferencias condicionadas o fondos formados con destinos específicos y especiales de los impuestos recaudados en detrimento de la masa coparticipable. Debe estar en la agenda urgente de todos los niveles de gobierno discutir una forma de coordinación entre la Nación y las provincias que respete la potestad tributaria de estas últimas reservada constitucionalmente y las exigencias y fines constitucionales. Sin efectivo federalismo tributario no hay federalismo. El rol de la Abogacía resulta fundamental para denunciar respecto del sistema tributario el sinnúmero de tributos que travistiendo el nomen iuris instituyen verdaderas restricciones prohibidas a la la circulación de personas, bienes y servicios y que resultan irrazonables y discriminatorias. En esta temática se planteó una ponencia referida a la prescripción de las facultades fiscales locales, sugiriéndose luego de la búsqueda de consenso que la FACA impulse un debate acerca de la constitucionalidad de la propuesta normativa del artículo 2532 del Anteproyecto del Código Civil.

 

3)El MERCOSUR tiene por finalidad alcanzar un mercado que permita la libre circulación de los bienes, servicios y factores productivos lo que necesariamente implica una armonización de las políticas macroeconómicas y en especial tributarias y el compromiso de adaptar las legislaciones internas en esta materia. Todo a fin de evitar distorsiones en la competencia de los productos originarios de los diversos países miembros por la incidencia fiscal en el precio. Se recomienda que los legisladores se ocupen del adecuar el sistema tributario argentino a tales fines tanto nacionales como provinciales (como ejemplo de esto último puede citarse el caso del impuesto sobre los ingresos brutos vigente en todas las provincias que, más allá de afectar a los sectores de bajos recursos, engrosa el precio del producto y de este modo ostenta un sesgo antiexportador puesto que las mercaderías salen del país para exportar con un costo más alto y afecta la competitividad). Asimismo, debería propiciarse la creación de la Corte de Justicia del MERCOSUR, con potestades jurisdiccionales para resolver los conflictos por aplicación del derecho del MERCOSUR, ante la insuficiencia y la impotencia del Tribunal Arbitral Permanente nacido del Protocolo de Olivos.Relacionado con la temática de la integración uno de los ponentes se explayó sobre el tema de la ley 26.800 que internalizó en Argentina la Decisión 25/03 del CMC del Mercosur sobre Trabajo temporario en tal sentido se sugiere que los Colegios de Abogados y la FACA impulsen de manera definitoria el avance de la firma de los acuerdos marcos previstos por la citada normativa.

                                  

4)La garantía constitucional de acceso a la información pública constituye el presupuesto básico de la República en cuanto a la necesidad de transparencia de los actos de los poderes públicos y su publicidad. En tal sentido es de destacar la falencia que importa la inexistencia de una ley nacional que asegure tal garantía en la medida que solamente existe en la Argentina un decreto nacional que lo reglamenta respecto de los actos de dicho poder. Referido a este tema se han expuesto dos ponencias una de las cuáles hizo incapié en la necesidad de acceder a la información de los antecedentes de gestión de los representantes del pueblo que integran el Poder Legislativo que es el poder en el que reposa la responsabilidad esencial de la democracia. La otra refirió expresamente a asegurar la información efectiva respecto de la gestión del Poder Judicial como controlador de los demás poderes. Se sugiere a la FACA promover la sanción de la ley nacional en un breve plazo como paso previo indispensable para asegurar una mayor transparencia de los actos de gobierno que garantice en forma efectiva el derecho a la información conforme estándares internacionales. Asimismo recomendar a los Colegios implementar lo necesario para detectar las falencias institucionales del sistema de gobierno y promover los modos de superación en procura perfeccionar la ética pública.

 

5)             El voto electrónico no es necesariamente infalible; y si bien constituye un progreso tecnológico deberían buscarse recaudos que impidan la ulterior identificación del voto con el elector y asegurar un mecanismo de verificación posterior del resultado automático del sufragio. Se recomienda un profundo y responsable debate frente a la posibilidad de instaurar el voto electrónico con la finalidad de garantizar a ultranza la democracia.

 

6)             Lasredessociales realmente están cambiandonuestraforma de relacionarnos, ytambién,como consecuencia, lamanera en laqueejercemosderechos y construimosciudadanía.La legislaciónargentinadebeempezara generarel marcojurídicoadecuado tantopara losefectospositivosqueimplicaesta nuevaherramienta,comoparaevitarlosnegativos,ytodoello,sinafectarlaslibertadescívicasylaprivacidad, sincrearconellolaideadeinnecesaria criminalización ysinafectar garantías. En esta temática uno de los ponentes propone la reglamentación legal del uso de internet y las redes sociales, que debería contemplar un mecanismo de identificación del usuario en procura de protección de los derechos constitucionales de las personas; pero sin vulnerar al mismo tiempo el derecho a la información y a la protesta social como nuevo modo de participación democrática. Por su parte otra ponencia destaca que las redes sociales y la internet constituye un nuevo campo de debate de ideas y su uso debería ser regulado para hacerlo accesible a las personas que menos recursos poseen, asegurando un ejercicio más igualitario que importe más equidad respecto de las garantías constitucionales involucradas. En tal sentido se recomienda propiciar un marco regulatorio que incluya lapreservaciónyproteccióndelosderechosy lasresponsabilidades de los usuarios y proveedores. En especial con relación al ejercicio de la abogacía asegurar el debido respeto del secreto profesional imprescindible para un ejercicio libre del abogado en su labor.

 

7)             Con relación a la temática del Sistema Constitucional una ponencia destacó que la eficacia del mismo depende del respeto irrestricto del orden jurídico interno y convencional del país; de manera que es exigible a los jueces –habida cuenta del sistema difuso de constitucionalidad vigente- la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las normas y los actos que contrarían la carta magna y las convenciones internacionales a ella incorporadas. Asimismo la ponente sugirió incorporar como causal que promueva los juris de enjuiciamiento a los jueces el apartamiento del orden jurídico fundado en convicciones meramente dogmáticas. El análisis precedente logró el consenso de los miembros de la Comisión.

 

8)             Con relación al sistema democrático en general una ponencia remarca el delicado equilibrio entre el poder de autoridad y la necesidad de defender libertad de la persona propia del estado de derecho; en ese marco destaca como imprescindible que el mundo jurídico despierte la conciencia cívica sobre la existencia de factores de poder tanto nacionales como internacionales que alteran la significación de los valores propios de la ciencia jurídica tales como la justicia, la igualdad, la libertad, la equidad, etc. Se propone la revisión y nuevo análisis iusfilosófico del positivismo jurídico.