XVII Congreso Nacional de Abogados – Conclusiones Comisión I

XVII CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS

Posadas, Misiones, 13 al 15 de agosto 2014

CONCLUSIONES

COMISION I

Con la presidencia de los Dres. Maximiliano Toricelli y Héctor Oscar Mendez, y la Secretaría Académica del Dr. Horacio R. Granero se reunió la Comisión I los días y en los horarios fijados, con nutrida asistencia, y en la que se defendieron las ponencias presentadas y se expusieron otras que fueron aceptadas por la Presidencia, y luego debatidas, motivo de lo cual se arribó a las siguientes conclusiones, que a manera de ejes temáticos son los siguientes:

Tecnología y modernización del sistema judicial

El XVII Congreso Nacional de Abogados recomienda:

  1. Promover la difusión, a través de los Colegios y Asociaciones de Abogados de los beneficios que genera al proceso judicial digital, como ser el mejoramiento del acceso a la información, la interacción en razón de la conectividad entre tribunales y organismos públicos y privados, lo que brinda mayor celeridad y seguridad en el servicio de Justicia.
  2. Reafirmar que para que el expediente digital cumpla funciones equivalentes al tradicional en soporte papel deberán implementarse mecanismos de seguridad informática documental, principalmente la incorporación de la firma digital tanto de los abogados como de los magistrados.
  3. Instar a los Colegios y Asociaciones de Abogados a capacitar a sus matriculados en temas relacionados con la firma digital, sus características y beneficios en miras al cumplimiento del rol de que los Colegios tendrán primariamente como autoridad de registro de los mismos.
  4. Instar a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) a dar pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 25.506,flexibilizando la normativa de aprobación a los Colegios de Abogados, como entidades que controlan la matrícula, y a la Federación de Abogados de la República Argentina (FACA), para la emisión de certificados digitales a los abogados, exclusivamente en relación a la prestación de servicios profesionales que estos brinden en razón de su función.
  5. Alentar la implementación de los proyectos ya iniciados en diversas provincias en miras a la modernización de la Justicia, especialmente en la firma digital para los letrados aprovechando las experiencias obtenidas en miras a su aplicación a nivel federal.

Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos

El XVII Congreso Nacional de Abogados recomienda:

  1. Prever la repotenciación de la capacitación de abogados y jueces en todas las modalidades de medios alternativos de resolución de conflictos sean auto o hetero-compositivo.
  2. Aconsejar la difusión de los distintos medios de resolución de conflictos y sus procedimientos y diferencias.
  3. Aconsejar que en materia de mediación, los mediadores se involucren más en las cuestiones de hecho y de derecho que llevaron al conflicto.
  4. Proponer la modernización de la vigente y desactualizada regulación del arbitraje, sea por vía de modificaciones a los Códigos de Procedimientos, como en el caso de Rio Negro o mediante leyes procesales locales que, respetando su origen contractual preserve su carácter jurisdiccional e instrumento de Justicia.
  5. Recordar que el abogado es partícipe necesario en la práctica de los medios alternativos de Justicia en todos sus especies, en cuanto se relacionan con la justicia consensual, considerando que estos sistemas pretenden desjudicializar pero no desjurisdizar los resolución de conflictos.
  6. Proponer que en aquellos casos de mediación prejudicial obligatoria la misma no implique un costo previo a las partes que dificulte el acceso a la Justicia.

 

Acceso a la Justicia y Consejo de la Magistratura

El XVII Congreso Nacional de Abogados recomienda:

  1. Reafirmar la garantía de estabilidad de los jueces y su trascendencia para asegurar la independencia, poniendo de manifiesto que esta garantía se encuentra abiertamente vulnerada con la designación de jueces subrogantes en cargos con vacante definitivas, máxime cuando son ajenos al Poder Judicial,.
  2. Instar a los Poderes constituidos a modificar la estructura del Consejo de la Magistratura de la Nación respetando el equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional, otorgando a los representantes de la Abogacía la misma cantidad de votos que a representantes de jueces y del Poder político, tanto en el funcionamiento en pleno del Consejo como en la integración de las Comisiones, al momento de la toma de decisiones.
  3. Declarar que la Ley 26.080 no respeta el equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional tanto en la composición del órgano como en la integración de las comisiones.

 

Digesto Jurídico Argentino

El XVII Congreso Nacional de Abogados recomienda:

  1. Reconocer la necesidad de depurar el sistema legislativo vigente de normas que, con el correr del tiempo han caído en desuso, o son contradictorias de otras, generando confusión en su aplicación, con las consecuencias que ello trae al correcto servicio de administración de Justicia.
  2. Analizar las experiencias de las Provincias que han adoptado sistemas de Digesto, con el fin de evaluar sus beneficios e inconvenientes.
  3. Dejar constancia de la preocupación que genera la sanción de la ley nacional del Digesto Jurídico Argentino, ante su discutible instrumentación, su inadecuada publicidad y difusión de los métodos seguidos para la determinación de vigencia o no vigencia de las leyes nacionales
  4. Instar a los Colegios y asociaciones de Abogados para que los matriculados efectúen el análisis previsto en el art. 20 a 23 de la Ley 26.939 a efectuar las realizar los análisis pertinentes de la legislación tenida como vigente y no vigente en el lapso allí previsto, a efectos de presentar las observaciones correspondientes
  5. Decidir, a través del Instituto de Estudios Legislativos, la emisión de un dictamen que consolide las observaciones aludidas en el apartado anterior así como las experiencias provinciales a que se hizo referencia en el apartado b del presente, el que será elevado a la Comisión Bicameral aludida en la ley 26.939.