Declaración del Colegio sobre el tema del ANSES

La Comisión Directiva del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, declara su repudio y solicita rectificación por las declaraciones públicas realizadas por el delegado de ANSES en Misiones, Sr Rolando Roa (publicadas en el medio misionesonline.net, en fecha 11/09/14), quien al referirse a los alcances de la nueva normativa de moratoria previsional que entrará en vigencia en los próximos días, dijo que “en la provincia se articularán mecanismos de trabajo para llegar a cada rincón, y que los abuelos no tengan que caer en las redes de abogados que lucran con esto”.

Desde la entidad colegiada que congrega a todos los abogados matriculados que ejercen en la provincia, entendemos que las declaraciones citadas son discriminatorias y ofensivas para con todos los profesionales del derecho, ya sea que hagan o no trámites previsionales ante la dependencia, puesto que aducen a una supuesta cartelización de la actividad haciendo un paralelismo inadmisible entre el trabajo profesional y las redes delincuenciales que se manejan en la ilegalidad, nada más alejado e injusto con un sector que brega justamente por lo contrario.

Los abogados que eventualmente realizan este tipo de tramitaciones, lo hacen porque están LEGALMENTE HABILITADOS para ello y en respuesta a una garantía de los derechos de los ciudadanos que pueden buscar y contratar el asesoramiento profesional de su confianza yadecuado para hacer efectivos sus derechos previsionales en todos sus alcances.

Por tanto, repugna a la convivencia armoniosa y a la dignidad individual y colectiva de los letrados, que se pretenda denostar este ejercicio legalmente regulado, con este tipo de declaraciones peyorativas y nocivas o con conductas que restrinjan limiten o lesionen el legítimo derecho de todo ciudadano de obtener un asesoramiento y asistencia profesional independiente del órgano estatal en cuestión.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestra permanente vocación al diálogo constructivo y necesario para afianzar la plena vigencia de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, y exhortamos a las autoridades responsables, para que la Ley Nº 26.970 se aplique con justicia, sin afectar los alcances de la incumbencia profesional de los letrados y sin menoscabar el derecho de todo ciudadano a obtener el asesoramiento del profesional de su confianza.